Ansar- El Altavoz

Nuclenor sacrifica la central nuclear de Garoña (Burgos) para luchar
contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno. Para Ecologistas en
Acción, en este pulso ha sido clave el temor a una posible avería que
provoque una parada larga de la central que impida la amortización de
las inversiones.
La empresa Nuclenor ha decidido parar el reactor de Garoña, lo que
supone de hecho el cierre programado de la central, como escenificación
máxima del pulso que la industria nuclear está echando al Gobierno del
PP para intentar que no se apliquen los nuevos impuestos al combustible
gastado. Como resultado, el PP incumple otro de sus compromisos
electorales, como es la continuidad de la central.

En un principio, la inseguridad técnica de Nuclenor ante las más que
probables averías de Garoña fue determinante para no aceptar la
continuidad más allá de julio de 2013, dado que los gastos para cumplir
los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que incluyen las
reformas post-Fukushima, ascienden a 150 millones de euros. Las
exigencias de seguridad por parte de la sociedad ha sido clave en todo
este proceso, puesto que ha hecho que se haga perentorio el tomar
medidas ante la degradación de múltiples elementos de seguridad de Garoña.

Una posible avería seria de la central daría lugar a una larga parada
que impediría a Nuclenor amortizar estas inversiones, si es que no
provoca un accidente con fuga radiactiva. En efecto, las condiciones de
seguridad de la central hacen muy probable que aparezcan nuevos
problemas que den lugar a largas y costosas reparaciones. El circuito
primario presenta un severo episodio de corrosión y la vasija del
reactor podría sufrir de los mismos problemas de fisuras que la central
de Doel 3, en Bélgica, fabricada por la misma empresa que Garoña. El
estado de seguridad degradada de la central hace más que probable que se
produzca una nueva y peligrosa avería que obligue a una larga parada y a
costosas reparaciones, cuando no a un accidente.

Ante esta inseguridad técnica, el sector nuclear español no ha dudado en
sacrificar Garoña para presionar al Gobierno. La nueva Ley de Medidas
Fiscales no hace sino forzar el adelanto de la parada de la central al
año en curso. En efecto, el nuevo impuesto de 2.190 euros por kg de
residuos de alta actividad que se deposite en la piscina de combustible
gastado supondría un desembolso para Nuclenor de unos 150 millones de
euros. La parada de la central en julio de 2013 obligaría a extraer las
casi 70 toneladas de uranio del reactor de Garoña, lo que equivale al
combustible para funcionar unos 4 años. Esto concentra el impuesto de
todo este tiempo en 6 meses, algo que ha sido clave para la decisión de
Nuclenor.

Ecologistas en Acción quiere destacar que el sector nuclear deja en
evidencia al PP que, una vez más, incumple otra de sus promesas
electorales: la de facilitar la continuidad de Garoña hasta 2019. Garoña
se sacrifica así en el pulso que las nucleares echan al Gobierno para
que suavice los impuestos sobre el combustible gastado. Este nuevo
impuesto podría suponer unos 370 millones al año para las centrales
nucleares.

Los trabajadores de la central y las poblaciones cercanas han sido los
grandes olvidados de este debate. Nuclenor no ha hecho la menor mención
a la pérdida de empleos, a diferencia de lo que ocurrió en 2009, cuando
se debatió la fecha de cierre de la central. Ecologistas en Acción
solicita la recolocación de los trabajadores y que se establezca un plan
de desarrollo alternativo para la zona.

Más información: Francisco Castejón

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